Fuerte repercusión sobre el ataque del Gobierno de San Luis al fiscal Cristian Rachid

Algunas horas después de conocido el fallo que autoriza la acreditación de beneficios oficiales a partir del 15 de noviembre, el Fiscal de Estado, Eduardo Allende cuestionó el trabajo del fiscal Cristian Rachid como fiscal subrogante desde hace 8 años, y pidió “la nulidad” de la resolución.

Los dichos del funcionario de Alberto Rodríguez Saá generaron el repudio de diferentes sectores. La Asociación de Fiscales de la Nación, APDH regional San Luis y el interbloque de Diputados de San Luis Unido fijaron posición.

A instancias de una denuncia interpuesta por el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, Rachid pidió medidas urgentes al juez Juan Maqueda: que se suspendan hasta después de las elecciones del 14 de noviembre el uso de los fondos rotatorios y la entrega de créditos, subsidios y planes. Todas las medidas de clientelismo fueron anunciadas y ejecutadas por el Gobierno provincial después de la derrota en las PASO.

Allende dio una conferencia de prensa luego que Maqueda hiciera lugar a la medida cautelar, con lo cual se modifica el cronograma que tenía para entregar los dineros públicos en plena campaña electoral. Allí informó que iban a apelar la medida y que recusaron al fiscal. Comunicó que iban a recurrir a la Cámara Electoral Nacional.  Y también atacó el trabajo que viene realizando desde hace años como fiscal subrogante: “Su cargo es secretario de la Fiscalía e intenta firmar como titular”.

Preocupación

La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación se hizo eco de los ataques que recibió Rachid: se solidarizaron y manifestaron su preocupación.

“Si bien el marco apropiado de planteos son los expedientes que tratan el caso y estos no merecen cuestionamiento alguno, las manifestaciones por fuera del mismo argumentando los modos de su designación dentro del marco institucional que prevé la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y sus normas internas, excede y pretenden poner en riesgo su legitimidad la cual, además, ya lleva un considerable lapso como fiscal Federal subrogante en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, sin que hubiera objeción alguna en otros casos ante su conocimiento y actuación”, manifestó la entidad en un comunicado.

A los funcionarios y poderes del Estado provincial pidieron el “respeto necesario para el desarrollo de la independencia y autonomía que deparan los fiscales conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional”.

Repudio

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de San Luis se pronunció a través de un documento difundido por la referente Lilian Videla. Destacaron que Allende “no se refirió a la sentencia dictada, ni contra el juez que dictó la medida”, sino que realizó “un escrache público en contra del fiscal Federal, Cristian Rachid, de quien no ahorra epítetos injuriantes, difamatorios y violentos sobre su persona”.

Al mismo tiempo apuntaron que los comentarios que realizó el Fiscal de Estado “son propios de alguien al que le faltan razones y le sobran expresiones de odio y resentimiento”.

“Los ciudadanos conocemos las prácticas antidemocráticas de la compra de votos, ayer con chapas, ladrillos, zapatillas, y hoy por medio de dinero directamente, subsidios, préstamos y otras denominaciones, al que llaman engañosamente ‘plan de reactivación económica y social’, implementado después de haber perdido las elecciones primarias”, advirtieron.

Describieron a la situación como un “hecho altamente peligroso, símil de un Estado totalitario, al que le molestan las sentencias judiciales y sus funcionarios y la opinión de cualquier ciudadano que se oponga a la estructura de poder, como si estuviera prohibido disentir”.

Tuvo en cuenta que Rachid actuó en los juicios de lesa humanidad y en particular intervino en la causa que finalizó con la condena a 13 años de prisión del padre del fiscal de Estado, Eduardo Allende.

Solidaridad

Hoy, diputados del Interbloque San Luis Unido presentaron un proyecto de declaración manifestando su “preocupación” y también repudiando la campaña de “desprestigio, presión y ataques personales que se ha desatado desde el Gobierno contra el fiscal Rachid, a través de funcionarios públicos y utilizando medios oficiales, que intenta afectar la independencia de la que gozan los magistrados judiciales”.

Destacaron que Allende “representa los intereses de la Provincia”, y que “se refirió en forma descalificatoria a Rachid anunciando su recusación por la circunstancia de que el requerimiento concluyera con el dictado de la cautelar adversa a los intereses del partido gobernante”.

“Esto es más grave aún porque constituye un mensaje ejemplificador, aleccionador o amedrentador contra cualquier magistrado judicial que considere ajustado a derecho un pronunciamiento contrario a los intereses del oficialismo y se atreva a dictarlo”, también detallaron.

Ayer, desde el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, Jimena de la Torre también hizo referencia a las consecuencias que tuvo el fallo judicial.

“Un fiscal muy valiente, que se llama Cristian Rachid entendió que estaban dadas las condiciones para dar la cautelar, la misma que había otorgado Servini. Allí el juez (Juan Esteban) Maqueda consideró que eso era así”, indicó en el programa “Una vuelta más”, que se emite por TN.